ARQUITECTURA, DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

No descubrimos ningún secreto al afirmar que la arquitectura- o al menos la arquitectura que ha perdurado- ha estado desde siempre vinculada al poder, sea este político o religioso.

Así ha sido y sigue siendo a pesar de los cambios que al menos aparentemente han sufrido las sociedades en todo el planeta.

En el siglo XIX a raíz de los notables movimientos sociales predemocráticos se inició un cambio también en la forma en que la arquitectura se fue desvinculando de los poderes fácticos para tímidamente ponerse al servicio de comunidades en las que se esbozaba un orden social diferente y en cierto modo más igualitario.

La sociedad tomaba conciencia de que la arquitectura también debería responder a las demandas sociales tanto o más que a esas otras que podríamos considerar tradicionales, en las que la arquitectura solo respondía esencialmente a una representación construida del poder.

No fue sin embargo hasta comienzos del siglo XX cuando algunos gobiernos y ayuntamientos en países de profunda solera democrática iniciaron de forma planificada y sistemática la construcción de una arquitectura para “el pueblo” entendida esta como la que se diseñaba y construía respondiendo a necesidades reales de las poblaciones beneficiarias.

Así surgieron en Holanda, Austria, Alemania, etc, barrios enteros que incluían no solo viviendas sino también equipamientos e infraestructuras que fueron los pioneros de los que más adelante se irían desarrollando en el resto de los países de nuestro entorno cultural y social.

Esta dinámica que resultaba ser una conquista verdaderamente democrática de la arquitectura, que pasaba de las manos de los poderosos a manos de los usuarios, o al menos de sus representantes democráticos, se ha ido sin embargo desdibujando especialmente desde la llamada revolución liberal iniciada a finales de los años setenta del pasado siglo.

La promoción pública de viviendas, la creación de asentamientos urbanos para personas de ingresos inferiores a la media y la construcción de pequeñas infraestructuras locales al servicio de esos nuevos asentamientos tiende hoy en día a desaparecer, mientras que en paralelo vuelve con fuerza la arquitectura del poder, sea económico o político, la arquitectura de representación y el despilfarro que al socaire de las necesidades reales de las poblaciones a las que dice servir, es a menudo solo símbolo del estatus de poder del que las promueve.

 Ya no importa tanto el uso como lo que representa o quiere representar y así en pocos años hemos visto florecer con profusión museos, salas de conciertos, grandes complejos corporativos de oficinas y bancos, torres descomunales y otras edificaciones que como denominador común tiene unos costes astronómicos que de una manera u otra acabamos pagando todos con nuestros impuestos.

Cabe preguntarse ¿hasta cuando los arquitectos como parte de una verdadera sociedad democrática, vamos a seguir el juego a los poderes fácticos que hacen de la arquitectura una moda o una herramienta de sus no siempre trasparentes objetivos?¿para cuándo una arquitectura verdaderamente democrática y participativa, donde al menos las obras públicas se sometan a criterios participativos y verdaderamente democráticos? ¿es esta sociedad que se llama democrática capaz de soportar por mucho tiempo semejante despropósito?

No puede ser que a estas alturas los concursos de arquitectura – especialmente los grandes concursos – estén sometidos a jurados que no solo no representan a los ciudadanos, sino que a menudo solo se representan a sí mismos como titulares de un cargo político o con un supuesto prestigio a veces de dudosa verificación. (Ya hemos comentado en otro artículo al respecto del concurso para la ampliación del Museo del Prado).

Debemos no obstante aspirar a más, hasta conseguir que las obras públicas sean objeto de la participación en igualdad de condiciones de todos los profesionales; que los jurados se compongan sobre todo de representantes de las asociaciones de ciudadanos afectados o al menos elegidos con el consenso de dichas asociaciones; que los presupuestos económicos estén sometidos a rigurosos controles por organismos neutrales que impidan el despilfarro del dinero público y que como tantas veces se ha pedido, una vez establecidos objetivos y criterios claros, se pondere una visión estrictamente económica con otra que considere el valor añadido que una bella obra de arquitectura- por pequeña que sea- aporta al acerbo cultural de una comunidad.

No es difícil vislumbrar que solo una legítima y necesaria participación ciudadana democrática y responsable, devolverá a la arquitectura el valor y el prestigio que en gran medida a perdido, otorgándole el sello de verosimilitud con el que quedan marcados en la historia los objetivos logrados de las auténticas sociedades avanzadas.

A esta asignatura pendiente estamos obligados, no solo nuestros representantes políticos y por supuesto todos los ciudadanos, sino todos los arquitectos y en mayor medida los grandes estudios, que deben dejar de actuar como “lobbies” al servicio y obediencia de los poderosos de turno para convertirse en modelos de comportamiento ético y responsabilidad corporativa.

Enrique Fombella, 23 de enero de 2017